Contaba un amigo que en tiempos no tan remotos las cédulas de habitabilidad las otorgaban los médicos. Y tiene sentido. Hoy los reglamentos desde los que se establecen las licencias y los permisos, los requisitos y las adjudicaciones son algo más complicados. El caso de la vivienda social, pública o de protección si se prefiere, puede resultar ilustrativo en este sentido, al tratarse de una tipología en sí misma heredera de una inercia legislativa acumulativa, auto-referenciada y reparadora a pesar de su lógica obsolescente. ¿Tiene sentido hoy la protección del inmueble frente a la protección de las personas? Ahora que la ciudad del futuro ya está en gran parte construida ¿Qué papel desempeña la vivienda protegida en la necesaria regeneración y renovación urbana?
Aceptando que la vivienda es un derecho fundamental y que es obligación de la administración pública ayudar a todos aquellos ciudadanos que por circunstancias crónicas -o puntuales- no puedan acceder a una vivienda digna, cabe preguntarse si el modelo actual de protección es compatible con los nuevos modelos de organización urbana y co-gestión ciudadana. El suelo, por ejemplo, todavía constituye uno de los aspectos fundamentales a la hora de establecer legalmente una vivienda como protegida: suelo calificado por la figura de planeamiento urbanístico correspondiente como residencial y que debe ser destinado expresamente a vivienda protegida. Este modelo urbanizador identifica la protección con unas determinadas parcelas libres, solares continentes de inmuebles protegidos de nueva planta, edificios demasiadas veces singulares y distintos a sus discretos vecinos: el paradigma (re)productor que ha conseguido como mérito insólito e inesperado, que la vivienda protegida constituya hitos -en algunos casos- aún más caros que la vivienda libre.
Hoy nos preguntamos si la vivienda protegida no constituye una buena oportunidad para la Administración Pública en materia de regeneración urbana, una oportunidad para participar de las nuevas dinámicas y problemáticas de la ciudad, por ejemplo incorporar las viviendas vacías como lógica instrumentalización de recursos; hacer pedagogía energética y ambiental desde su configuración y acondicionamiento expansivo; fomentar un modelo de movilidad no basado exclusivamente en el uso privativo del coche para sus habitantes; habilitar espacios para el alquiler flexible y social en un entorno global de movilidad creciente; generar modelos productivos alternativos favoreciendo la economía local; enriquecer desde la diversidad micro-tipológica los centros de las ciudades consolidadas; habilitar para la ciudadanía un espacio de participación en la toma de decisiones; transformar el actual conjunto de normas prescriptivas en una base sencilla de carácter prestacional a modo de servicio urbano abierto a algún tipo de negociación: el paradigma (re)generador. Abrir en definitiva una vía que permita transitar de la segregación del suelo protegido a la integración total de los derechos de la ciudadanía: de la vivienda social a las prestaciones urbanas.
Miguel Ángel Díaz Camacho I Arquitecto
Miguel Ángel Díaz Camacho es presidente de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) y director de la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad Camilo José Cela.
